Julio Pallavicini: “Se está socavando la integridad de una de las instituciones fundamentales del Estado de Derecho”

Pocos conocen la Contraloría como Julio Pallavicini (52 años). Entró en 1993 como abogado y estuvo por 23 años, hasta 2015, en que llegó a ser jefe de la División Jurídica del ente fiscalizador.

Profesor de derecho administrativo en la U. de Chile y socio de Gastón Gómez y José Francisco García en un estudio especializado en Derecho Público, cuenta que conoció a Jorge Bermúdez como académico, cuando el actual contralor lo invitó a hacer unas clases a la U. Católica de Valparaíso.

Afirma que la situación en el organismo estatal hoy es “preocupante” y alerta sobre la pérdida de credibilidad.

-¿Le sorprende todo lo que está pasando en Contraloría?

-La forma me ha sorprendido. No era lo que estábamos acostumbrados a ver. Siempre que hay cambios de jefatura se producen pequeños sismos al interior de las organizaciones. Pero hace poco vimos el problema que se produjo con la subcontralora Dorothy Pérez y con el exjefe de la División de Personal, Hernán Fonseca. Pareciera haber aquí un patrón de salidas bien doloroso.

-¿Qué le parecieron las explicaciones del contralor en el Congreso sobre los tres funcionarios que dicen haber sido desvinculados por alertarlo de un error?

-Lo que uno hubiera esperado es que se diera una explicación técnica de cuál es la fórmula que se ocupa para calcular los déficits de las municipalidades y si efectivamente se aplicaron criterios distintos o el mismo. Y de ser distintos, si hay una razón jurídica que lo justifique.

-¿Y las explicaciones que dio sobre la desvinculación de los funcionarios?

-Él tiene las facultades para hacerlo. No hay duda. Él tendrá sus razones, pero parecen no ser las que dio a conocer.

-Usted trabajó 23 años en Contraloría, ¿es normal que se usen distintos criterios para calcular los estados financieros municipales?

-La metodología de cálculo de los estados financieros de las municipalidades es una cuestión de sobra conocida, al menos para los que manejábamos información financiera al interior de la Contraloría. Por eso me sorprende lo que ocurrió con Valparaíso y probablemente el responsable es el contralor regional, que aplicó una metodología distinta de la oficial, que la hace no comparable y altera las estadísticas financieras agregadas del sector municipal. Es un problema para la Dipres.

-¿Ha pasado antes?

-No recuerdo que haya pasado antes. Lo que sí vi fueron diferencias de criterios de los servicios de gobierno respecto de informes de auditorías, donde los servicios a veces cuestionaban una auditoría. El asunto era revisado y a veces se acogía y le dábamos la razón.

-El sector político lo apoya

-Hay un dato que no se puede dejar pasar: Bermúdez fue electo con una mayoría abrumadora por parte del Senado. En otra ocasión, a propósito de una contienda de competencia que presentó el Contralor contra la Corte Suprema –entonces se enfrentó al presidente subrogante de la corte, Sergio Muñoz- el Senado avaló la tesis del Contralor. Al menos en el Senado, pareciera que tiene buena compañía.

-A su juicio, ¿lo que está sucediendo afecta la credibilidad de la Contraloría?

-Absolutamente. Le afecta en el mundo jurídico, académico y en el mundo forense. Antiguamente los dictámenes de la Contraloría y sus auditorías, cuando eran presentadas en un tribunal hacían plena prueba. Todos creían en lo que decía el dictamen de la Contraloría. Era la verdad suprema. Al día de hoy ya no es así. Se citan auditorías y pasan a ser un antecedente más de los muchos que obran en el proceso. Entonces en los hechos ha ocurrido un detrimento, al menos para los que ejercemos, que es notable. En la corte y en las conversaciones con los académicos se ha notado. Para mí es preocupante porque en el fondo se está socavando la integridad de una de las instituciones fundamentales del Estado de Derecho. Lo que uno debe cuidar en un Estado democrático son las instituciones. Pero yo no veo que vaya a ser una crisis terminal. Espero que el contralor tome las medidas necesarias para enrielar y fortalecer la Contraloría de ahora en adelante y hasta lo que le queda de mandato.

-¿Esto hace urgente apurar la modernización de la Contraloría?

-El exContralor Ramiro Mendoza, con un costo altísimo para él, realizó una modernización radical de la Contraloría a pesar de que tenía la misma ley vetusta, antigua y que estaba completamente desfasada. Eso demuestra que no siempre es necesario una ley, sino que profesionales que con buenos proyectos y buenas ideas sean capaces de modernizar. Por supuesto que uno preferiría una modernización, pero con la misma ley el excontralor hizo mucho: instauró, por ejemplo, un sistema de tramitación electrónica de documentos y la toma de razón automática de personal de la administración del Estado, y que fue un proyecto que se eliminó en la actual administración.